La silvicultura (del latín silva, selva o bosque, y cultura, cultivo) es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques. Forman parte de su campo la capacidad de crear o conservar un bosque, y la teoría y la práctica de regular el establecimiento de una masa arbórea, su composición y desarrollo. Podríamos afirmar que es una ciencia hermana de la agricultura, diferenciándose de ésta en el tiempo de espera para la cosecha y en la diversidad de la producción.

Podemos definir la silvicultura comunitaria como el cultivo del bosque con la participación social de sus dueños y/o poseedores, y cuyos beneficios coadyuvan a fortalecer sus procesos de desarrollo. Una característica fundamental de esta variante respecto al concepto puro de la silvicultura es la existencia de un territorio de uso común en manos de una colectividad.

La silvicultura comunitaria se concibe como una estrategia para lograr el manejo forestal sustentable en alrededor del 80 por ciento de los terrenos forestales del país, mismos que se encuentran en propiedad de ejidos y comunidades. Existen alrededor de 8 mil comunidades y ejidos forestales en México.

Relevancia de la silvicultura comunitaria en México

México es un caso único en el mundo para el desarrollo de la silvicultura comunitaria, ya que de los 55.3 millones de hectáreas de bosques y selvas que cubren el territorio nacional, 80% es propiedad de aproximadamente 8,500 ejidos y comunidades, con una población estimada de 12 millones de habitantes. 
De estas comunidades mayoritariamente indígena y con altos índices de marginación, 2,994 realizan actividades principalmente forestales (Censo Ejidal INEGI, 2007).

La producción de madera es la fuente de ingresos forestales más importante para muchas de estas comunidades, pero en la mayoría de los casos, realizan también aprovechamientos de diversos productos forestales no maderables, mostrando que los bosques no solamente son centrales en su identidad, usos y costumbres, sino que también son sus bienes económicos más importantes y su manejo es la opción principal para avanzar en su bienestar económico.

El proceso histórico en México que retorna a los ejidos y comunidades la propiedad de estas tierras y la toma de decisiones sobre su manejo, muestra que este aspecto de dimensiones sociales se enlazó con otros elementos (económicos, técnicos, jurídicos y agrarios) y con un problema administrativo de concesiones que dejaba muy pocos beneficios a las comunidades; el gobierno mexicano consideró que los reclamos de las comunidades que buscaban alternativas para aprovechar sus recursos naturales eran suficientemente razonables y viables económica y políticamente, culminando con ello a mediados de la década de los ochenta la política de concesiones forestales de este país.

De esta manera se adecúa el marco legal agrario protegiendo, a nivel constitucional, la propiedad ejidal y comunal, así como la integridad territorial de los pueblos indígenas, reconociendo la plena capacidad de los ejidatarios y comuneros a decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar los recursos naturales existentes en su territorio.

Derivado de las modificaciones al Artículo 27 constitucional, éstas se reglamentan en la Ley Agraria (1992) y en la actualización de la Ley Forestal (1986, 1992, 1997) y se consolidan en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003)

El reconocimiento de los derechos de tenencia de las comunidades campesinas sobre los terrenos y recursos forestales ha sentado las bases para la obtención de logros tan importantes como el desarrollo del manejo forestal, el grado de integración de algunas industrias comunitarias y la sofisticación de sus empresas. Esta experiencia es virtualmente inédita en países en vías de desarrollo y desconocida en buena medida fuera de México, e incluso en algunas regiones de nuestro propio país.

Promoción de la silvicultura comunitaria

Para fortalecer el desarrollo forestal se crea la Comisión Nacional Forestal (2001) como un organismo público descentralizado encargado del desarrollo sectorial. La operación de la Comisión está fundamentada en dos elementos claves: 1) Programa Estratégico Forestal 2025 (2001); y 2) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003).

Esta visión de desarrollo sectorial tiene entre sus prioridades fortalecer la silvicultura comunitaria, fomentando el uso de estrategias y lineamientos que permitan consolidar a las comunidades y establecer prácticas de manejo sustentable que contribuyan a mejorar su calidad de vida con base en el uso de sus recursos naturales. La estrategia considera la Empresa Forestal Comunitaria (EFC) como instrumento fundamental para la apropiación comunitaria del manejo de sus recursos forestales y medio para consolidar la formación de capital social; fortalecer la organización social para el cultivo del bosque, y promover el aprovechamiento maderable, no maderable y de servicios ambientales de manera directa por las comunidades locales.

Esta política incluye como elemento clave de este proceso de desarrollo el fomento de una participación social permanente para hacer más eficientes y efectivas las intervenciones que se hacen en el sector.
De esta manera la Comisión Nacional Forestal instrumenta acciones específicas para impulsar la silvicultura comunitaria, a través del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, PROCYMAF, considerando que las estrategias incluidas en éste permiten a la Comisión:

1) identificar nuevos enfoques de atención sectorial;

2) apoyar a grupos de población específicos, por ejemplo, indígenas; y

3) ser la punta de lanza para generar sinergias institucionales de desarrollo sectorial.